Estephany AntiguaEl reciente estudio realizado por el Banco Mundial, en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, ha confirmado una verdad inquietante: apenas dos de cada diez trabajadores que actualmente cotizan en el sistema de pensiones del país lograrían alcanzar los 30 años de cotización requeridos al cumplir los 60 años de edad, condición indispensable para acceder a una pensión. Si ese umbral se redujera a 20 años, la cobertura apenas alcanzaría el 40 %. Esta constatación ha llevado a los autores del informe a hacer un llamado urgente a emprender reformas profundas, que garanticen protección en la vejez, sin que el Estado asuma una carga financiera insostenible.
Aunque sus conclusiones reafirman una realidad largamente advertida, y que ha motivado propuestas hoy olvidadas en los archivos, este nuevo llamado debería despertar a los actores con capacidad de impulsar el cambio. De lo contrario, el golpe que se avecina podría sorprendernos sumidos en un sueño sin orillas, donde el tiempo se disuelve y nada se prevé.
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Pero la reforma no caerá del cielo. Habrá que construirla con determinación y sentido de equilibrio: incrementando los aportes de los afiliados, reduciendo los costos mediante una gestión más eficiente y competitiva de los fondos, y orientando el sistema a brindar apoyo real a la vejez que impone el cuerpo, no a quienes desean retirarse cuando aún conservan energía para seguir produciendo. Será igualmente indispensable que el país avance en reformas estructurales que permitan mejorar sostenidamente los salarios, base de toda pensión digna.
Lo cierto es que las cotizaciones a la seguridad social en República Dominicana siguen siendo relativamente bajas: el trabajador aporta el 2.87 % de su salario, mientras que, el empleador el 7.10 %, para un total de apenas 9.97 %. Aun reconociendo las diferencias de enfoque entre los sistemas previsionales de América Latina y el Caribe, el promedio regional, donde el trabajador aporta un 7.7 % y el empleador un 13.6 %, sumando un total de 21.3 %, sugiere que existe margen para un aumento gradual, sin que eso implique una carga insoportable.
Otro factor que compromete la viabilidad del sistema, es la baja edad de retiro, fijada en 60 años, en un contexto de creciente longevidad. La esperanza de vida en República Dominicana ha pasado de 70.5 años en 2001 a 73.9 en 2024.
No hace falta ser experto para comprender que, si no se ajusta la edad de retiro, los beneficios deberán cubrir períodos cada vez más prolongados. A esto se suma el marcado descenso de la natalidad: los nacimientos pasaron de 176,766 en 2014 a 137,946 en 2024. Esta tendencia reducirá la proporción de población en edad productiva, debilitando aún más la sostenibilidad del sistema.
La reducción sustancial de la informalidad laboral, que exige reformas estructurales más amplias y complejas, es también crucial para fortalecer las finanzas del sistema y ampliar su cobertura.
Por último, la reforma debe incluir una revisión del esquema de comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), de modo que, sin comprometer la calidad del servicio, la porción del pastel que éstas reciben, sea más justa y proporcional al valor que efectivamente aportan.
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