Estephany AntiguaEl cadáver de Ruth Elisa Serija Jerez, una de las más de 230 personas fallecidas a consecuencia del colapso del techo de la discoteca Jet Set, y cuya muerte fue dictaminada por el hospital como de causas naturales, será exhumado en el Jardín Memorial, ubicado en la avenida Jacobo Majluta.
Así lo informó el abogado de sus familiares, Ángel Lockward, quien también indicó que estarán presentando una apelación a la sentencia que impuso, como medida de coerción, un contrato de fianza de RD$50 millones a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusados por el Ministerio Público de homicidio involuntario. Asimismo, procederán a demandar al Estado, como corresponsable, y al Ayuntamiento del Distrito Nacional.
«Entendemos que la magistrada Veloz, de quien hemos oído las mejores ponderaciones, disponía de un catálogo de medidas, desde la más gravosa que es la prisión preventiva, pasando por el arresto domiciliario, hasta una fianza por contrato, que equiparó 235 muertos y 180 heridos, a un accidente de tránsito, dejando de lado el principio de proporcionalidad», expresó Lockward a través de un comunicado.
Manifestó que «ya antes, en este mismo caso, la jueza Veloz había dispuesto oposición traspaso a los bienes de Antonio Espaillat por solo 60 días, mediante Orden 2025 a j0024187 – que ya vencieron – lo que indica que ya están libres, dejando sin oposición los bienes de Inversiones E y L SRL, que les ha permitido disponer de decenas de millones en su cuenta bancaria, como ha debido observar en el mismo expediente pues más de RD$ 25 millones figuran en cheques librados de una de sus cuentas bancarias. Peor todavía, negó la oposición a los bienes de la empresa propietaria del local colapsado, solicitada por los querellantes».
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De igual modo, el jurista expresó su oposición al criterio de que el imputado Antonio Espaillat ha sido diligente en atender a las víctimas, sobre la base de 57 acuerdos depositados, en razón de que solo 5 corresponden a muertos – 3 de ellos empleados – y la mayoría son de empleados a quienes se pagaron sus prestaciones laborales o abogados que recibieron en promedio RD$ 200 mil pesos.
«Entendemos que una magistrada con tan linda carrera, sabiendo – aunque el resto no sabíamos nada – de su larga vinculación familiar con los socios del imputado, debió inhibirse porque la gente tiene una percepción negativa de las presiones, actuaciones u omisiones del Gobierno en este caso y esa decisión empeora el ambiente», indica la nota.
Continuó: «Todavía no compartimos la tesis de otros colegas sobre el homicidio voluntario, pero apelaremos porque ha sido excesivamente laxa la decisión judicial y esta solo se combate mediante los recursos, declararon los Dres. Carlos Escalante y Nolberto Rondón, quienes llevan el aspecto penal del proceso».
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