Estephany AntiguaEl territorio de la frontera entre la República Dominicana y Haití siempre ha sido, en el lado dominicano, sinónimo de pobreza, de abandono y de exclusión. Pocas veces estos casi 380 kilómetros han figurado en la agenda de desarrollo socio-económico de nuestros gobiernos. Allí reside el reino de la pobreza.
En este contexto, no nos sorprende que un estudio del Ministerio de Economía encuentre altas tasas de desempleo y poca educación formal entre los habitantes de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi. Como tampoco debe sorprendernos que los moradores de estas provincias –380 mil en total— tengan como meta principal desplazarse hacia otros puntos geográficos del país en busca de mejor vida para ellos y sus descendientes.
Las autoridades tienen que cambiar su vínculo con la frontera y sus habitantes. El territorio fronterizo es parte importante del país, por lo que sus habitantes merecen un trato gubernamental diferente. Allí deben florecer la educación, los servicios de salud, las obras de infraestructura y la formación laboral.
Quienes diseñan las políticas públicas deben observar los pueblos fronterizos tal y como ellos son. No pueden querer plantar un esquema de desarrollo económico-social propio de lugares que tienen otro desarrollo, otros recursos humanos y otras necesidades. Cada provincia debe considerarse en función de sus recursos, pero siempre dotando a cada territorio de eficientes servicios de salud y de educación.
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Si no lo hacemos así, nada lograremos. La frontera seguirá siendo la zona vaporosa que es, donde todos los pecados legales pueden cometerse y donde los malandrines encontrarán espacio para sus fechorías. No porque los habitantes de la frontera sean propensos a los delitos, sino porque es una zona abandonada por años, con prácticamente ninguna fuente de empleo, con poquísima educación y con magros servicios sanitarios.
Que no se hable más de la frontera con el lenguaje del patriotismo, sino con los planes públicos de inversión y con el propósito definido de mejorar la calidad de vida de sus 380 mil habitantes. ¡El Gobierno debe, es su obligación, ocuparse de la línea fronteriza!
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