No podía exigirse una identificación apresurada sobre posibles fallas básicas de construcción y de inobservancias posteriores a normas de mantenimiento que expliquen la caída del techo de la discoteca en cuestión; pero impacientan a la sociedad lo inmenso del desastre y la inevitable certeza de que por su dimensión lo ocurrido tendría que resultar de graves imperfecciones iniciales en la obra y pésimas alteraciones posteriores. Se trata de 235 familias y de sus entrañables vínculos con la comunidad que sintió como propias aquellas pérdidas humanas y que tras caer en estupor por lo ocurrido están en expectativas sobre una mala jugada del destino que les despojó de gente amada por algo que no debió suceder según las reglas de ingeniería y la seguridad estructural y que habría sobrevenido por una o más violaciones a cánones, leyes y métodos profesionales por las que debe responderse en lo civil y en lo lo penal sin descartarse que así procedería aunque la decisión última quedare a cargo soberanamente de tribunales sin presiones del entorno en un sentido u otro; de quienes pretendieran que hacia el proceso investigativo avanzara una sed de venganza al margen de pruebas materiales y periciales o de quienes sintiéndose en la posibilidad de ser objetos de incriminaciones severas aspiraran a simples subsanaciones materiales por encima de indicios muy comprometedores.
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No escaparían a corresponsabilidad autoridades que con largueza de omisión han permitido la generalizada práctica de emplear varillas y cemento sin ceñirse a regulaciones, diseños certificados y técnicas de construcción vigentes hasta el punto de que desde entes profesionales privados se afirma, y se demuestra con cifras, que en el país es mayor el número de edificaciones transgresoras ya en pie que las que fueron aprobadas por autoridades. El resultado de las indagaciones en curso –que deben ser minuciosas- sobre los detonantes del colapso tendría que trascender de una vez y para siempre como el hito que deje atrás las obsolescencias y adocenamientos que han tenido inexistentes las supervisiones del Estado a acciones de levantar paredes y techos.
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