Estephany AntiguaLos inmigrantes haitianos que exceden en presencia están generalmente situados en la informalidad del subempleo como jornaleros de tercera categoría, flotando poblacionalmente en campos y ciudades, motoconchos, servicios domésticos y algo ascendentes en el registro de violencia social. Despacharlos a su procedencia territorial –de forma legítima y legal- se compadece con el objetivo de reservar el asentamiento de extranjeros en el país exclusivamente a los que tolere la institucionalidad; sin integrantes escapados de control social y no documentados; sin estatus ni domicilios conocidos. Introducidos en la demografía nacional sin comunión con ella, fuera de la computación censal y falsamente inexistentes para fines de gestiones y planificaciones por el Estado de soluciones a problemas nacionales. Con la magnitud que esto ha alcanzado es imposible la convivencia. Todo lo contrario: habitan en las sombras de la exclusión, baja calidad de vida y alto nivel de pobreza. Su presión sobre servicios públicos repercute en limitaciones para el resto de los ciudadanos de la formalidad con las que ninguna nación debe pagar una hospitalidad sin reglas: la de “entren todos”.
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De otro lado, una porción importante de esa comunidad extra nacional alcanza condición de imprescindible para generar riquezas; para que importantes renglones de la economía llenen sus fines. Sería posible regularizarlos con empleadores responsabilizándose ante la ley de retornarlos cíclicamente. Hasta ahí se ha llegado por culpa propia comenzando porque todavía hoy, a pesar de un muro que ya impide parcialmente que se cruce para acá con reses robadas pero que no ha hecho mella –porque el bloqueo no funciona para frenar sobornos en dirección contraria- a la explotación mafiosa a las ansias de penetración de viajeros a cargo de traficantes cívico-militares; un tráfico de una clandestinidad que solo podía prosperar con complicidades y participaciones directas de quienes vigilan. Aunque los pillan a veces, salta a la vista la ausencia de una profunda y rutinaria vigilancia sobre conductas de agentes fronterizos para aplicar la ley que lleva a suponer también una débil aplicación de voluntad desde mandos medios y superiores hacia el interior de las tropas para asegurar un fiel cumplimiento del deber.
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