Estephany AntiguaUrge con frecuencia restablecer el principio de autoridad en sectores urbanos de Santo Domingo pero la aplicación con fuerza de despliegue poco selectiva y notables efectos indiscriminados sobre mansos y cimarrones, puede llegar a lo contraproducente innecesariamente. La magnitud de un operativo –que por definición debería ser de corta duración- sobre el barrio Capotillo se ha justificado materialmente en hallazgos de objetos claramente conectados con el narcotráfico y otros usos perniciosos. Pero la perturbación de esta generalizada acción tiende a quitar paz y a perjudicar colateralmente ciudadanos y familias de vida sencilla, mayormente pobres y de simples formas de ganarse la vida honestamente. Aunque no se les atropellara con prisiones y despojos injustificados, a ninguna comunidad barrial deberían llegarles zafarranchos de combate ni magnitudes de presencia de armas largas que se les parezcan. El comercio y consumos (aunque en menor medida estos) ameritan permanentes -y no circunstancialmente- acciones inteligentes y precisas para yugular la llegada al por mayor de sustancias prohibidas al controversial sector pues es un negocio que a nivel de sus barones escapa demasiado a correctivos aunque cabe reconocer como bienhechora las interceptaciones recientes en puertos y aguas cercanas de alijos importantes; no tanto de traficantes de altos niveles.
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Para espantar el mal y hacer salir a la luz sus engranajes bastaría con cierta exhibición de poder represivo e investigativo no solo contra las mafias que alimentan las adicciones en Capotillo y más allá. La extendida ocupación de espacios públicos y masivos estacionamientos en paralelo en calles de una sola vía tienen severamente disminuido el fluir del tránsito en arterias de numerosas zonas de la capital. Calzadas tomadas para consumos de alcohol y reparaciones de vehículos escapan con impunidad a controles sobre la circulación. Por esos focos de negación a derechos y a la convivencia social no se alcanzan a ver ni con levedad operaciones policíaco militar acompañadas del Ministerio Público. Se creyó que con la creación de fiscalías barriales el respeto a la ley sería una extensa realidad en esta mega urbe y Santiago, al menos, pero no ha sido así.
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